PARTIDO EN DOS
Esta semana no sé sobre qué escribir. No porque me falten asuntos, sino porque me sobran; y porque dos de ellos me golpean con idéntica fuerza: de un lado, César Jáuregui, mi amigo, un hombre de excepcional inteligencia, capacidad, integridad y lealtad; del otro, Diana, mi esposa, una mujer extraordinaria, una magistrada ejemplar, víctima de una decisión administrativa que considero tan arbitraria como infame.
Estoy partido en dos; dividido entre dos indignaciones, dos agravios y una misma convicción: en Chihuahua, el ejercicio del poder está alcanzando extremos que deberían avergonzar a quienes todavía conservan alguna noción de decencia.
Conozco a César desde hace muchos años. Conozco su inteligencia, su capacidad de trabajo, su integridad y esa lealtad suya que, en ocasiones, pareciera no conocer límites; pocos hombres han puesto tanto talento, esfuerzo y prestigio al servicio de María Eugenia Campos. César la acompañó cuando las cosas se pusieron difíciles, asumió responsabilidades cuando otros se escondían y la defendió cuando su futuro político pendía de un hilo; lo sé porque yo también estuve ahí, en primerísima fila.
Por eso su detención, el sábado pasado, me parece un acto de vileza, mezquindad e ingratitud de proporciones difíciles de describir, porque considero que la actuación penal debe examinarse en el contexto de una confrontación política que tiene como telón de fondo la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua.
César aspira legítimamente a esa candidatura; Santiago de la Peña no, pues su aspiración tiene un solo origen: su cercanía con la gobernadora; y tengo la certeza de que la detención del primero favorece clara y objetivamente las aspiraciones del segundo. ¿Coincidencia? En política no existen.
En ese sentido, sostengo que no estamos frente a una investigación penal seria, sino frente a la utilización de un aparato institucional para interferir en una competencia política; una cosa es investigar delitos y otra, muy distinta, servirse del aparato penal para eliminar adversarios; la primera constituye una obligación del Estado; la segunda, un atentado contra la democracia.
No obstante, existe todavía algo más grave: César fue fiscal general del Estado; durante su gestión enfrentó a organizaciones criminales y contribuyó al encarcelamiento de personas que podrían encontrarse en los mismos establecimientos penitenciarios a los que pretenden enviarlo. ¿Alguien se ha detenido a pensar en lo que eso significa? ¿En los riesgos para su vida, su integridad física y su seguridad? ¿Acaso la urgencia de encarcelarlo es tan grande que esas consideraciones no pesan?
María Eugenia Campos debería comprenderlo mejor que nadie; ella sabe lo que significa enfrentar procedimientos judiciales; sabe lo que es necesitar una defensa, y sabe perfectamente quiénes estuvieron a su lado cuando las circunstancias le fueron adversas, entre ello, en primerísimo, César Jáuregui. Ésta es una felonía. Lo mínimo que puede exigírsele es que asuma su responsabilidad política. Por lo pronto, expreso mi juicio moral: hay ingratitudes que revelan una miseria humana verdaderamente sobrecogedora, es el caso. María Eugenia ha cometido una de las traiciones más viles, mezquinas y ruines de que yo, en treinta y tantos años de carrera pública, he sido testigo.
No obstante, mientras esto ocurre con César, mi esposa enfrenta su propio atropello: Diana es, en mi opinión, una de las magistradas más preparadas que ha tenido el Poder Judicial de Chihuahua; tiene una licenciatura, cuatro maestrías, dos doctorados, varias especialidades y casi un centenar de títulos, diplomas, cursos y reconocimientos que son del conocimiento público y conforman su currículum profesional. No conozco una trayectoria comparable en el Tribunal Superior de Justicia. Décadas de estudio, trabajo y preparación; una carrera construida desde sus cimientos mediante la dedicación y el esfuerzo personales.
Pues bien, el pasado viernes 16 de octubre, el Órgano de Administración Judicial decidió readscribirla de Chihuahua a Ciudad Juárez; la explicación es digna de estudio: una magistrada cuyo nombre ni siquiera vale la pena mencionar, solicitó regresar a Chihuahua porque el cambio de residencia había afectado psicológicamente a sus hijos. El órgano administrativo examinó sus circunstancias familiares, valoró los documentos que presentó y decidió atender su petición. Hasta ahí, ninguna objeción. Los derechos de los niños merecen especial protección; empero, para resolver SU problema, el órgano decidió trasladar a mi esposa; no a Yamil Athié Gómez, el otro magistrado involucrado, que permanecería en Chihuahua; tampoco se explica por qué no podían examinarse otras alternativas entre los otros magistrados que podían ser considerados. No. Fue a Diana; y para justificarlo recurrieron a dos argumentos: su reconocida capacidad profesional y la conveniencia de mantener la «conformación de género» en las salas civiles regionales de Ciudad Juárez. ¡Qué extraordinaria manera de administrar justicia!
Se invoca la igualdad de género para justificar que una mujer soporte el sacrificio del que se libra un hombre. El mismo, por cierto, que se benefició de la supresión de las salas regionales en Parral; porque, eso sí, el señorito quería estar en Chihuahua a güevo; pero hay algo todavía más indignante: el órgano administrativo consideró determinantes las afectaciones psicológicas de los hijos de la magistrada y, sin embargo, no realizó una valoración equivalente de las circunstancias personales de Diana, quien recibe atención psicológica especializada como consecuencia de una campaña de agresiones públicas que ha denunciado como violencia misógina; además, su madre, es una persona adulta mayor con discapacidad, en cuya red de apoyo Diana desempeña un papel fundamental. ¿Sus derechos no cuentan? ¿La estabilidad emocional de unos merece protección, mientras la de otros puede sacrificarse sin siquiera examinar sus circunstancias? ¿La separación de una red familiar constituye un perjuicio grave para una magistrada, pero una consecuencia irrelevante para otra? Y en medio, el mentecato que, por capricho, pidió les fuera arrebatada a los ciudadanos del sur del Estado la posibilidad de una justicia más pronta y expedita.
La autoridad reconoció que el desarraigo puede ocasionar daños psicológicos suficientemente importantes para justificar una readscripción; y su solución consistió, precisamente, en imponer ese mismo desarraigo a Diana. Bonita justicia. ¿Dónde quedó la congruencia? ¿La proporcionalidad? ¿Los derechos humanos que tan solemnes invocan?
Ahí es donde aparece Yamil Athié. Un capítulo que merece especial atención porque, cabe señalar, Diana se opuso a la reorganización de las salas regionales de Hidalgo del Parral pues consideró que se perjudicaba el acceso a la justicia de los habitantes del sur del estado y que su aplicación era un ataque directo a la progresividad de los derechos humanos. Este sujeto, Yamil, en cambio, fue el gran ganón de la reorganización pues le permitió abandonar Parral y trasladarse a Chihuahua; después surgió la petición de la magistrada para regresar de Juárez. Había que encontrar una solución y, naturalmente, alguien tenía que salir de Chihuahua. ¿Quién? ¿Yamil, que tanto empeño había puesto en abandonar Parral? ¡Faltaba más! La magistrada de Juárez regresa a Chihuahua y Yamil ahí se queda, por lo que Diana es enviada a Juárez; un arreglo realmente admirable. Dos personas ven satisfechas sus circunstancias y una tercera, sin deberla ni temerla, paga el pato.
Parece que hemos descubierto un nuevo principio de la administración judicial: cuando Yamil necesita moverse, se mueve la justicia; cuando la justicia necesita moverse, que se mueva a otra.
El problema no es solamente jurídico, es moral. No atribuyo a Yamil una decisión que formalmente adoptó el Órgano, pero una cosa es la responsabilidad de dictar un acuerdo y otra, distinta, la responsabilidad moral que conllevan quienes resultan beneficiados. De Yamil cabría esperar valor, decencia, integridad, congruencia; cuando menos, la disposición de que se examinaran alternativas antes de imponer semejante sacrificio a una compañera, pero no; eso habría sido mucho pedir en un individuo de su calaña.
Hay momentos en los que la hombría —entendida como valor moral y no como mera circunstancia biológica— consiste precisamente en dar la cara, asumir responsabilidades y negarse a obtener ventajas a costa del sufrimiento ajeno; en cambio, hay “hombres” capaces de recorrer todas las distancias necesarias para conseguir un cargo, pero incapaces de recorrer un centímetro cuando hacerlo supone asumir el sacrificio que están dispuestos a imponerle a una mujer.
Por si fuera poco, conforme a la sucesión prevista en el Tribunal, Yamil ocuparía próximamente su presidencia, cargo que implica no dirigir sala ordinaria alguna; entonces, ¿a qué obedece semejante empeño en colocarlo precisamente en la Octava Sala Civil? ¿Tan indispensable era desarraigar a Diana? La respuesta oficial es que ella tiene un “perfil idóneo”. ¡Por supuesto que lo tiene! Su preparación le permite ejercer sus responsabilidades con extraordinaria atinencia, pero reconocer su capacidad profesional no explica por qué debe ser precisamente ella quien abandone Chihuahua y un burro —sí, un asno— se quede en su lugar; desde aquí reto públicamente a Yamil Athié a discutir cualquier tema de índole jurídica para demostrar su poca solvencia intelectual; y me ofrezco yo, porque ni siquiera merece el derecho de compartir escenario con Diana, quien en cuestión de minutos lo haría pedazos. Ignorante y zonzo como es.
La excelencia profesional de Diana debería ser motivo de reconocimiento, no el pretexto para imponerle un castigo; y con ello llegamos al punto más doloroso de este asunto: estoy convencido de que mi esposa está pagando las consecuencias de serlo. Si bien no se trata de un hecho judicialmente demostrado, lo expreso como una convicción personal, fundada en los antecedentes, las confrontaciones y la sucesión de acontecimientos que conozco; y si me equivoco, que las autoridades expliquen por qué debía trasladarse precisamente a Diana; por qué su salud, su seguridad y sus circunstancias familiares fueron ignoradas; por qué se preservó la residencia de Yamil; y por qué no se justificó suficientemente el descarte de otras alternativas.
En todo esto, hay algo que me resulta particularmente repugnante: la posibilidad de que se utilice a una mujer para castigar a su marido. ¡Qué cobardía sería ésa! ¡Cuánta vileza!
Aquí convergen, pues, las dos historias que me tienen partido en dos: la de un hombre que entregó su inteligencia, su capacidad y su lealtad al servicio de María Eugenia Campos Galván y hoy se encuentra privado de su libertad, en circunstancias que considero políticamente sospechosas y potencialmente peligrosas para su salud e integridad; y la de una mujer extraordinariamente preparada, a quien pretenden arrancar de su entorno personal y familiar mediante una decisión cuya fundamentación considero insuficiente y cuyas consecuencias humanas fueron ignoradas.
Dos acontecimientos distintos, con responsabilidades institucionales diferentes, pero que plantean una misma pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el ejercicio del poder cuando desaparecen los límites de la decencia, la gratitud y el respeto a las personas? Después de tantos años dedicado al derecho, no deja de resultar desolador tener que defender esas exigencias elementales frente a instituciones que deberían garantizarlas.
Esta semana no sé sobre qué escribir porque me duelen dos injusticias que considero igualmente graves. Estoy, literalmente, partido en dos, pero conviene que quienes ejercen el poder entiendan algo: estar partido en dos no significa estar derrotado; y mucho menos dispuesto a guardar silencio. Arrieros somos, perros.
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Luis Villegas Montes.
