Expiación, una novela de Ian McEwan,[1] narra la tragedia de Robbie Turner, un joven de origen humilde enamorado de Cecilia Tallis, hija de una familia acomodada. Briony, hermana menor de Cecilia, una niña de trece años dotada de una imaginación desbordante, interpreta equivocadamente diversos encuentros entre los enamorados y termina acusando falsamente a Robbie de haber violado a su prima Lola. Su testimonio, favorecido por los prejuicios sociales de la familia, conduce al joven a prisión y destruye su relación con Cecilia. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, Briony comprende la magnitud de su error e intenta reparar el daño, pero descubre que ciertas injusticias son irreversibles. Convertida en escritora, reconstruye los acontecimientos mediante una novela en la que concede a los amantes la felicidad que la realidad les negó. La paradoja es devastadora: una mentira destruye dos vidas y otra mentira, esta vez literaria, pretende redimir a quien provocó la tragedia.
Hay de mentiras a mentiras y de mentirosos a mentirosos; hay mentiras para todo, pero hay algunas infinitamente graves, que pueden costarle a un hombre su libertad; entonces dejan de ser simples mentiras para convertirse en instrumentos de injusticia.
La diferencia entre la ficción de McEwan y nuestra realidad es que Briony era una niña que interpretó equivocadamente lo que había visto; no imaginó las consecuencias de sus palabras ni alcanzó a comprender el daño que estaba provocando, pero ¿qué ocurre cuando quien falta a la verdad no es una niña confundida, sino una persona adulta que ejerce el poder y conoce perfectamente las consecuencias de sus declaraciones?
El reportaje publicado por The New York Times este 10 de noviembre ha colocado al Gobierno de Chihuahua frente a una contradicción que no puede resolverse mediante declaraciones evasivas, comunicados oficiales ni descalificaciones personales.
Guillermo Arturo Zuany, quien fuera fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, declaró al periódico estadounidense que la gobernadora María Eugenia Campos conocía las operaciones clandestinas realizadas por agentes de la CIA en territorio chihuahuense. La gobernadora sostiene exactamente lo contrario.
Hasta aquí podría parecer una controversia política más; una versión contra otra; la palabra de un antiguo funcionario frente a la de su superior jerárquica. Pero hay una circunstancia que transforma radicalmente la naturaleza del asunto: la situación de César, cuya libertad está comprometida precisamente por las operaciones que la gobernadora asegura haber desconocido. Eso lo cambia todo.
Lo cambia porque si María Eugenia sabía de la presencia de los agentes estadounidenses, si conocía las operaciones y, particularmente, si las autorizó, resulta indispensable preguntarse por qué las consecuencias penales tendrían que recaer exclusivamente sobre quienes actuaban bajo su autoridad.
Al día de hoy, no hay modo de creer el desmentido de María Eugenia; en televisión nacional, en distintos informativos, mintió con brutal descaro y un magnífico cinismo; a pregunta expresa afirmó: “no; no lo entregué”; sin embargo, como lo documenté,[2] es claro que fue ella quien pactó con el gobierno federal la entrega de César Jáuregui a cambio de salvar el pellejo, primero; y despejarle el camino a El Carroñero, al Marubebé, Santiago de la Peña.
En los hechos, no estamos hablando de un empleado menor que actuaba en las sombras de la administración pública; hablamos de una estructura institucional, de operaciones prolongadas durante meses, de la participación de corporaciones policiales estatales y de actividades que, por su naturaleza, difícilmente podían pasar inadvertidas para todos los niveles superiores de mando. ¿Quién ordenaba? ¿Quién informaba? ¿Quién autorizaba? ¿Quién supervisaba? ¿A quién rendían cuentas los responsables de aquellas operaciones? Y, sobre todo, ¿quién decidió que César debía cargar con las consecuencias?
La investigación periodística obliga a formular una pregunta cuya respuesta podría resultar devastadora: ¿se atribuyó a un subordinado una actuación supuestamente unilateral porque realmente alguien necesitaba sostener públicamente que desconocía lo que ocurría? Si César actuó siguiendo instrucciones de la gobernadora, la versión de una actuación unilateral quedaría seriamente comprometida; y si, además, se demostrara que ella negó deliberadamente su conocimiento mientras su antiguo colaborador enfrentaba un proceso penal, estaríamos ante una conducta de una gravedad política excepcional.
Porque una cosa es mentir para proteger una carrera política y otra, muy distinta, es permitir que alguien permanezca encarcelado mientras esa mentira continúa produciendo consecuencias; en semejante escenario, la mentira dejaría de ser un instrumento de defensa política para convertirse en un mecanismo extraordinariamente malévolo, perverso y vil… y ninguna razón de Estado, ningún cálculo electoral y ninguna conveniencia partidista podrían justificarlo.
En ese supuesto, vista la imaginación de María Eugenia y su poca consciencia, la cuestión central se desplaza: ya no consiste únicamente en determinar si hubo agentes estadounidenses realizando operaciones clandestinas en Chihuahua; consiste en establecer quién conocía su presencia, quién autorizó sus actividades y qué relación guarda todo ello con las decisiones que condujeron a la privación de la libertad de César, pues de confirmarse que la gobernadora autorizó aquellas actividades y posteriormente negó conocerlas, la consecuencia política sería ineludible: habría faltado deliberadamente a la verdad sobre un asunto de extraordinaria importancia institucional; y si esa falsedad contribuyó a que César fuera acusado y encarcelado, el problema adquiere una dimensión moral apabullante: estaríamos frente a la posibilidad de que el poder público se hubiera utilizado no solamente para ocultar responsabilidades, sino para trasladarlas a otra persona, inocente además; y eso resulta intolerable porque la prisión de una persona no puede convertirse en el precio de la supervivencia política de otra; por eso, antes que multiplicar declaraciones, la gobernadora debería ofrecer respuestas precisas sobre la información que recibió, las reuniones que sostuvo, las instrucciones que impartió y los mecanismos de supervisión que funcionaban durante los meses en que se desarrollaron aquellas operaciones; y además, debería ser la primera en exigir, públicamente, que se desclasifique la información remitida por los Estados Unidos sobre el particular.
La libertad de un hombre no puede quedar a merced de una reconstrucción incompleta de los acontecimientos ni reposar en los hombros de una persona que ya dio pruebas de su inconstancia, su infidencia, su mala memoria y su falta de escrúpulos; mucho menos cuando existe la fundada sospecha de que quien tenía la obligación de esclarecer los hechos también podría tener interés en ocultar parte de la verdad.
En la novela de McEwan, Briony pasa el resto de su vida intentando expiar una mentira cuyas consecuencias jamás consigue reparar; la literatura le permite inventar un desenlace feliz para sus víctimas, pero no devolverles la vida que les arrebató; en la realidad no existe ese consuelo. No hay artificio literario capaz de recuperar los días de libertad perdidos, de borrar la humillación del encarcelamiento ni de restituir íntegramente la dignidad de quien ha sido injustamente perseguido.
Sostener su mentira y facilitar que encerraran a un hombre no es, ni puede ser, tomado a la ligera; eso no se expía de ninguna manera. Por lo pronto, al legítimo mote de “traidora”, que María Eugenia se ganó a pulso, debemos agregar el de “mentirosa”.
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[1] MCEWAN, Ian. Expiación, Anagrama, México, 2014.
[2] Ver: A LA OPINIÓN PÚBLICA, columna publicada el 25 de octubre de 2026.