Carta abierta a Jorge Romero
Estimado Jorge:
Te escribo esta carta no sólo en tu condición de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, sino porque hoy eres responsable de custodiar una larga herencia de resistencia e institucionalidad democrática. No me dirijo al Comité Directivo Estatal de Chihuahua porque el problema que hoy nos ocupa ya rebasó sus fronteras: toca la relación entre partido y gobierno, la equidad interna y, finalmente, la identidad misma de Acción Nacional. Te escribo a ti porque lo que está ocurriendo en Chihuahua dejó de ser una disputa entre aspirantes a una candidatura municipal y empieza a convertirse en algo bastante más grave: una discusión sobre los límites que deben existir entre un gobierno emanado del PAN y el partido que lo llevó al poder.
La preocupación que me mueve, compartida por muchos militantes de larga trayectoria en Chihuahua, no se limita a un mero cálculo electoral o a la natural disputa por espacios de representación. El Partido Acción Nacional (PAN) puede perder elecciones, atravesar sequías de triunfos y, como lo ha demostrado la historia, sobrevivir con dignidad para volver a levantarse; lo que Acción Nacional no puede resistir de ninguna manera es la pérdida de su propia alma. Convertirnos en una maquinaria donde las decisiones se toman en despachos gubernamentales y los órganos partidistas operan como simples oficialías de partes vacía de contenido nuestro discurso público. Si permitimos que se desvanezca aquello que nos distinguió durante décadas frente a los abusos del régimen hegemónico, perderemos la única justificación moral que tenemos para exigir la confianza de la ciudadanía.
Chihuahua ocupa un lugar fundamental en la memoria histórica del panismo. Nuestra identidad política no nació de las concesiones del poder, sino del combate contra sus excesos. Quienes vivimos aquellos años recordamos bien qué enfrentábamos: el uso de la estructura gubernamental para favorecer candidatos oficiales, el despliegue de recursos públicos con fines partidistas, el acarreo, la presión sobre funcionarios y ciudadanos y la convicción autoritaria de que las candidaturas se decidían por voluntad del gobernante en turno. En aquellos tiempos, pertenecer al PAN no era una vía para obtener empleos, contratos públicos ni posiciones de privilegio; implicaba cuidar casillas, financiar campañas con recursos propios y, a veces, soportar amenazas, represalias o derrotas preparadas desde el poder. Aquella mística defendía una premisa elemental: el poder tiene límites y la voluntad ciudadana debe respetarse. Ante lo que hoy ocurre, una pregunta resulta inevitable: ¿para esto se luchó?
Hoy nos encontramos ante una preocupante contradicción que amenaza con normalizar desde un gobierno emanado de nuestras filas precisamente aquellas prácticas que ayer condenábamos con vehemencia en nuestros adversarios. El hecho de que una administración sea de signo azul no purifica los métodos del control político ni vuelve democrático el dedazo. No podemos, Jorge, no puedes, levantar la voz en la tribuna nacional para denunciar el autoritarismo, el centralismo y la imposición de una fuerza política mayoritaria, y al mismo tiempo administrar esas mismas conductas al interior de nuestra casa. El argumento es incómodo pero ineludible: la congruencia no admite excepciones geográficas ni partidistas. Si el dedazo es condenable cuando proviene de un color político ajeno, es igualmente inaceptable cuando pretende disfrazarse de “unidad”, “estrategia” o “gobernabilidad” bajo nuestras siglas.
La situación en el municipio de Chihuahua ilustra este dilema con alarmante claridad. María Eugenia posee un peso político indiscutible y cuenta, como cualquier militante, con el derecho legítimo a tener preferencias, simpatías y ejercer influencia. Pero existe una frontera que no debe cruzarse: una cosa es influir políticamente y otra utilizar el peso del Gobierno para determinar de antemano una decisión partidista. La candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua no forma parte del patrimonio político del Poder Ejecutivo local. Y resultaría especialmente paradójico que quien en su momento padeció y denunció la intervención de un gobernador en su propia sucesión terminara ahora tolerando —o propiciando— una práctica semejante respecto de la capital del Estado.
En este escenario, las legítimas aspiraciones de los distintos liderazgos deben encauzarse bajo condiciones de absoluta equidad. Se ha señalado públicamente y mediante denuncias formales la existencia de conductas de promoción personalizada, intervención de servidores públicos y utilización de estructuras oficiales en favor del secretario de Gobierno, Santiago de la Peña. Más allá del curso legal que tomen dichas acusaciones ante las autoridades competentes, su figura se convierte hoy en el síntoma de un problema estrictamente institucional. Ningún candidato del PAN, independientemente de sus capacidades, méritos o competitividad, debe llegar a la contienda con un bautismo de origen dictado desde Palacio de Gobierno.
Tampoco puede sostenerse seriamente que en Chihuahua exista una carencia de cuadros que obligue a recurrir a una candidatura decidida desde arriba. Ahí están César Jáuregui, María Angélica “Manque” Granados, Jorge Soto y otros panistas con trayectoria, presencia pública y méritos propios. En el caso de Jáuregui, además, se han difundido versiones sobre supuestos impedimentos o “antecedentes penales” que, hasta ahora, no han sido demostrados con una sentencia, una resolución de inelegibilidad ni una determinación partidista debidamente fundada.[1] Si existe un obstáculo jurídico real, que se haga público y se pruebe. Si no existe, no debe convertirse el rumor en mecanismo de exclusión. Pero insisto: ésta no es una carta para pedir que César sea candidato; es una carta para exigir que nadie quede eliminado ni ungido por voluntad gubernamental.
El propósito de este llamado no es solicitar que el CEN intervenga para favorecer a un aspirante o para imponer una facción sobre otra. La exigencia es radicalmente opuesta: se pide que no se imponga a nadie. Si un proyecto político debe prevalecer, que lo haga limpiamente; si un aspirante debe ganar o perder, que lo decidan la militancia y la ciudadanía mediante los cauces legales del partido, y no porque un despacho gubernamental resolvió que la competencia concluyó antes de haber iniciado. El CEN no puede claudicar en su función arbitral para convertirse en el fedatario de las decisiones de un gobierno estatal.
La doctrina de nuestros fundadores nos legó directrices muy claras sobre la relación entre el partido y las administraciones públicas. Manuel Gómez Morin advirtió incansablemente sobre la necesidad de mantener la independencia del partido frente a las tentaciones y presiones del gobierno, recordándonos que Acción Nacional nació para ser una escuela de ciudadanía y una fuerza permanente de orden moral, no un apéndice del presupuesto público. Efraín González Luna nos enseñó que la dignidad de la persona y el deber político exigen procesos limpios, donde el ciudadano sea el actor central y no un mero espectador de los acuerdos cupulares. De igual forma, don Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza insistieron en el peligro de ganar el gobierno si en el proceso se perdía el partido, señalando que el ejercicio del poder político carece de sentido si se divorcia de los principios éticos que le dieron origen. Esta "brega de eternidad" a la que fuimos convocados exige rechazar el oportunismo y entender que el PAN es un instrumento para servir a México, no para que el gobierno en turno se sirva del partido.
La normativa partidista vigente establece diversos mecanismos para la selección de candidaturas; el cumplimiento de una formalidad estatutaria no sustituye a la legitimidad democrática; cuando los órganos del partido se limitan a convalidar decisiones prefabricadas fuera de su estructura, se comete un fraude a la ley interna y se reduce a la militancia a una mera decoración institucional.
Por todo lo anterior, Jorge, te interpelo directamente a asumir la responsabilidad histórica que te corresponde en esta coyuntura. ¿Qué clase de partido vas a entregar a las próximas generaciones de panistas? En un momento en que el país exige una oposición con autoridad moral y coherencia democrática, la actuación del CEN en Chihuahua sería ejemplar y un referente de tu compromiso con las instituciones de Acción Nacional. No se puede defender la democracia hacia afuera mientras se tolera o auspicia su debilitamiento hacia adentro. El arbitraje nacional debe ser firme, imparcial y ajeno a los intereses de las burocracias estatales.
Te solicito formalmente, en nombre del panismo chihuahuense que cree en las reglas del juego limpio, que el CEN garantice las siguientes exigencias concretas:
1. Imparcialidad absoluta del CEN y de sus órganos delegados durante todo el proceso de definición de candidaturas;
2. Reglas transparentes y piso parejo para todos los aspirantes inscritos o que manifiesten su intención de participar;
3. Ausencia total de intervención gubernamental, exigiendo el cese de cualquier uso de recursos, personal o estructuras públicas en favor o en contra de algún proyecto político;
4. Respeto efectivo a la militancia, garantizando que su voz y opinión sean los factores determinantes en la toma de decisiones;
5. Procedimientos verificables y abiertos en los que los métodos de evaluación, encuestas o votaciones cuenten con plena auditoría y certeza jurídica, y
6. Motivación exhaustiva de cualquier decisión extraordinaria, evitando el uso discrecional de la facultad de designación sin un sustento técnico y democrático plenamente justificado.
Por todo ello, el caso de Santiago de la Peña debe ponerse bajo el escrutinio partidista: lleva meses haciendo campaña desde la Secretaría de Gobierno, aprovechándose de los recursos a su cargo y de aquellos que María Eugenia ha puesto a su disposición un día sí y otro también; y no te pido que des por acreditado lo que aún debe ser juzgado; te pido algo más elemental: que no cierres los ojos a la evidencia. Te pongo un ejemplo claro, contundente e irrebatible: el empleo público comienza a aparecer como instrumento de disciplina política. Te menciono dos casos emblemáticos: el primero es Juan Blanco. Hablar de Juan Blanco en Chihuahua no es hablar de un recién llegado ni de un oportunista que descubrió las bondades de Acción Nacional cuando ya había nómina, presupuesto y poder. Juan fue presidente municipal de Chihuahua. En 2004 encabezó el triunfo que arrebató nuevamente la capital al PRI después de años de gobiernos priistas. Es, nos guste o no, un referente de la política local y del panismo chihuahuense; hace unas semanas manifestó públicamente su simpatía por el proyecto de César Jáuregui; después vino el reproche público de María Eugenia por andar “en campaña”; y después vino su salida del Gobierno estatal; formalmente presentó una renuncia… bien; pero los panistas no somos idiotas, Jorge. Cuando un funcionario respalda a un aspirante distinto del preferido desde Palacio, recibe públicamente el reproche de la gobernadora y poco después debe abandonar el gobierno, tenemos derecho a preguntar si estamos frente a una decisión estrictamente administrativa o frente a un mensaje dirigido a todos los demás: ya vieron lo que pasa cuando se equivocan de candidato.
¡Ah!, pero es que, además, está el caso de Diana García. Su caso me parece, si cabe, todavía más doloroso y vergonzante. Diana fue esposa de Javier Gaudini. El nombre quizá necesite explicación en otros lugares del país, en Chihuahua no. Javier Gaudini fue uno de esos panistas que no llegaron a Acción Nacional cuando el Partido repartía posiciones, sino cuando había que construirlo; dirigente, legislador, formador de jóvenes y cabeza de una generación de panistas que después desempeñarían responsabilidades importantes dentro del partido y de los gobiernos emanados de él; más aún, sin Javier Gaudini y sin la estructura política que él ayudó a formar, María Eugenia no habría llegado a la Presidencia Municipal en 2016 (lo que me consta porque la primera reunión entre ambos la organicé yo). Parte sustancial de quienes acompañaron, sostuvieron y construyeron políticamente el proyecto que terminó llevando a María Eugenia al poder provino de aquella escuela y de aquel grupo de hombres y mujeres; Javier murió y, en pago, su exesposa ha sido despedida del Gobierno.
A esos dos casos se pueden sumar los de otros muchos, ¿lo juzgas correcto? ¿Te parece una actuación íntegra, justa, decente, panista? ¿Lo crees casualidad o una simple decisión administrativa? Tal vez, pero empieza a haber demasiadas casualidades caminando en la misma dirección.
Cuando los funcionarios empiezan a preguntarse no si trabajan bien, sino a quién pueden apoyar; cuando un servidor público comprende que manifestar una preferencia distinta de la del gobernante puede costarle el empleo; cuando la nómina sirve, o parece servir, para premiar adhesiones y castigar disidencias, hemos abandonado el terreno de la política democrática y entrado al de la obediencia. Eso tiene un nombre viejo; y nosotros lo conocimos muy bien y lo combatimos durante décadas, porque lo hacía el PRI. No encuentro motivo alguno para considerarlo virtuoso ahora sólo porque el gobierno está pintado de azul. Ésa sería una formidable paradoja histórica: después de haber luchado contra el partido de Estado, terminar construyendo pequeños partidos de gobierno en cada entidad que controlamos.
Esta carta no es una amenaza de abandono ni el anuncio de una ruptura. Quienes hemos entregado nuestra vida a las causas de Acción Nacional no nos vamos a ir; nos quedaremos aquí para defender los principios que dieron vida a esta institución; sin embargo, existe un peligro mucho más grave que las renuncias individuales: el riesgo de que un partido político conserve sus oficinas, su registro legal, sus prerrogativas financieras, sus puestos directivos y sus posiciones de gobierno, pero deje por completo de ser aquello para lo que fue fundado. Cuando un partido se vacía de sus convicciones y adopta las formas del autoritarismo que prometió combatir, se convierte en un cascarón inútil para la sociedad.
Al concluir tu mandato al frente del CEN, la historia juzgará las decisiones tomadas en estos momentos cruciales.
Por eso no te pido que favorezcas a mi candidato, te pido que defiendas al partido incluso frente a quienes gobiernan en su nombre; que investigues lo que está ocurriendo en Chihuahua, que nos escuches a todos (no sólo a una dirigencia estatal demasiado complaciente con el Gobierno ni a una gobernadora que parece tratar la candidatura municipal como una parcela de decisión propia); que preguntes por qué están saliendo del Gobierno personas vinculadas con determinadas posiciones políticas; que preguntes por Juan Blanco; que preguntes por Diana García; que preguntes por qué decenas de servidores públicos adictos a María Eugenia han aparecido promoviendo una candidatura, y que preguntes quién está pagando qué. Después toma las decisiones que correspondan; pero tómalas como presidente del PAN, porque cuando esta historia termine, Santiago, César, Manque, María Eugenia, tú y todos nosotros habremos pasado; y el PAN seguirá o no seguirá siendo reconocible. Ésa es la verdadera elección que está en juego; así que concluyo con una pregunta, Jorge; una sola y no es quién será candidato a presidente municipal de Chihuahua; ésa, comparada con la otra, es una pregunta menor; la pregunta importante es ésta: Cuando termine tu presidencia, Jorge, ¿habrás ayudado al PAN a volver al poder o habrás ayudado al poder a quedarse con el PAN?
Fraternalmente,
Luis Villegas Montes
[1] Jáuregui no tiene antecedentes penales de ninguna índole; no existe ningún tipo penal en que puedan encuadrarse eficazmente las conductas a él atribuidas; la causa no va a proceder mientras el gobierno de la República mantenga archivada la renuncia; dos de las personas que podrían declarar en su contra fallecieron; las otras dos personas que podrían declarar en su contra (los agentes de la CIA sobrevivientes) no se han manifestado de ninguna forma que haga presumir que hay algún tipo de responsabilidad; el único orden de gobierno que podría proceder en contra de Jáuregui es el federal y es absurdo pretender que MORENA va a apoyar a María Eugenia en esta aventura (o en cualquier otra); si se intenta proceder en contra de él (como mando superior involucrado), la cadena de responsabilidades llegaría hasta María Eugenia; sería, literalmente, pegarse un “balazo en el pie”; si de carpetas de investigación se trata, varios integrantes del gabinete —y parientes CERCANOS al régimen— deberían estar preocupados (y temblando), y no ha de ser tan malo ser acusado, vinculado a proceso y absuelto, visto que la única política en Chihuahua, con “antecedentes penales” reconocidos, es la propia María Eugenia.