Santiago de la Peña (o como le digo de cariño: “Chago”) es el vivo ejemplo de que hay funcionarios para todo: hay unos que hablan para informar, otros que gobiernan a través de la palabra y algunos que nomás abren la boca para demostrarnos que la naturaleza, tan generosa en la distribución de lenguas, fue bastante menos equitativa en el reparto de cerebros. Chago, cada vez que abre damouth es para decir estupideces; y no es que hablar sea malo; al contrario: el lenguaje nos distingue de los animales, aunque algunos políticos se empeñen diariamente en desmentir a Darwin.
¡Uno! Recuerdo aquella ocasión, ¡cómo no!, en que lo denuncié por hacer uso indistinto de su carácter de servidor público en la promoción de su imagen como precandidato o aspirante (o lo que sea que es o pretende ser) a un puesto de elección popular, la realización sistemática y continuada de probables actos anticipados de campaña y promoción personalizada indebida mediante propaganda electoral irregular consistente en una campaña mediática masiva, al amparo de su cargo como secretario general de gobierno y empleando recursos de procedencia ilegal (públicos) o desconocida y ahí va, con su batea de babas, a declarar que sí reconoces tu continuada presencia en medios pero que yo estaba confundiendo sus funciones como secretario general de Gobierno con sus actividades preelectorales; que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar diariamente a la ciudadanía sobre sus actividades; que no podía estar utilizando recursos para una campaña porque, ¡oh, prodigio de la lógica!, no había campaña; que mi denuncia le parecía “grave e irresponsable” y que, aunque ni siquiera se había tomado la molestia de leerla, le daba mucho gusto que yo hubiera revisado sus redes sociales y esperaba que, cuando menos, le hubiera dejado un like. ¡Qué simpático el muchacho! Como entonces le respondí: no alcanzo a comprender qué tienen que ver con sus obligaciones como funcionario público sus preferencias gastronómicas, las siestas de su perrita Ruffles, las bodas a las que asiste, sus gustos musicales, los dayvasos que se toma saliendo del trabajo, sus recuerdos infantiles o sus paseos familiares, y, sobre todo, le pregunté dónde demonios establece la Constitución o alguna ley que los servidores públicos tienen la obligación de informar diariamente a la ciudadanía sobre semejantes trivialidades,[1] pero el tarugo, que ni siquiera había leído mi denuncia, ya había resuelto que yo estaba confundido y que mis acusaciones eran irresponsables.
¡Dos! Pero la cosa no quedó ahí. El 19 de junio de este año, cuando Chihuahua comenzaba a parecer un gigantesco anuncio publicitario con bardas pintarrajeadas con la leyenda «SantiaGO», algún periodista tuvo la ocurrencia de preguntarle a nuestro personaje qué opinaba de semejante despliegue propagandístico; y Chago, que jamás desperdicia una oportunidad para demostrar que su lengua funciona con absoluta independencia de su cerebro, contestó que las bardas no necesariamente se referían a él. ¡Ah, caray! ¿Entonces a quién? Pues, según nuestro esclarecido secretario general de Gobierno, podían referirse a Santiago Creel, a Santiago Giménez, el futbolista, o incluso, ¡agárrense!, a Santiago Apóstol.[2]
¡Santiago Apóstol! ¡í’iñor! El mismísimo apóstol de Jesucristo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, cuyos restos, según la tradición, descansan en Compostela. ¡Nomás faltó que nos dijera que las bardas las habían pintado los doce apóstoles, con cargo al presupuesto celestial! No sé si Santiago Apóstol tenga credencial de elector, residencia efectiva en Chihuahua o aspiraciones a la alcaldía capitalina, pero sería conveniente investigar si el Instituto Estatal Electoral cuenta con algún procedimiento para fiscalizar las precampañas del santoral; porque, de ser cierta la hipótesis santiagueña, estamos ante un acontecimiento sobrenatural: después de dos mil años, uno de los discípulos de Cristo habría decidido abandonar los asuntos del cielo para competir por un puesto de elección popular en Chihuahua. ¡Y todavía dicen que la política no hace milagros!
La declaración quedó recogida por diversos medios de comunicación. No es una invención mía ni una maldad de mis muchas y reconocidas maldades. Lo dijo él, con esa desenvoltura que permite pasar de la ignorancia al disparate sin detenerse siquiera a pagar peaje; y así, mientras las bardas anunciaban “SantiaGO”, nuestro secretario nos ofrecía una excursión gratuita por la política, el deporte y las Sagradas Escrituras.
¡Tres! Empero, faltaba el tercer episodio; y éste, a diferencia de los anteriores, tiene una peculiaridad: terminó en un juzgado federal. Resulta que Chago, en su flamante calidad de secretario general de Gobierno, acaba de recibir una lección de derecho constitucional que, dadas sus responsabilidades, debería haber aprendido antes de ocupar el cargo.
Aquí, obligado está recordar que el pasado 6 de octubre Andrea Cecilia Domínguez Anguiano presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en la que denunció amenazas, intimidaciones, vigilancia y presuntos abusos cometidos por autoridades estatales. Entre otras cosas, relató que una veintena de individuos armados irrumpieron de madrugada en su domicilio, la encañonaron y amenazaron a sus hijos menores de edad; es decir, no pidió que le regalaran una licuadora ni que la inscribieran en algún programa asistencial; pidió algo bastante más elemental: que las instituciones del Estado investigaran los hechos y garantizaran su seguridad.
Naturalmente, uno supondría que el secretario general de Gobierno, enterado de semejantes acusaciones, habría reaccionado con prudencia, mesura, tacto y buen juicio; o que, ya de perdida, hubiera solicitado información, promovido la intervención de las autoridades competentes y evitado complicar la situación de quien afirmaba encontrarse gravemente amenazada; pero no, como chivo en cristalería —hasta la barbita tiene—, salió a declarar, y entre otras cosas sostuvo que, al advertir quién patrocinaba a la denunciante, su argumento se caía por sí mismo.
¡Mira nada más! De pronto, para nuestro ilustre funcionario, el valor de una denuncia no dependía de la gravedad de los hechos relatados, de las pruebas disponibles ni de las investigaciones que debían practicarse, sino de quién representaba jurídicamente a la denunciante. ¡Descubrimiento extraordinario! Si semejante criterio hubiera sido conocido por los grandes juristas de la historia, Justiniano habría podido ahorrarse el Corpus Iuris Civilis y Beccaria no habría necesitado escribir De los delitos y de las penas; pero Andrea no encontró particularmente graciosa la ocurrencia y promovió otra queja ante la CEDH, además de acudir a la justicia federal; y sucedió lo que tenía que suceder, aunque seguramente Chago no lo esperaba.
El pasado 12 de noviembre, la jueza Tercera de Distrito en Chihuahua, Jessica María Contreras Martínez, concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 2673/2026-XIII-7 y ordenó al secretario general de Gobierno abstenerse de emitir pronunciamientos de culpabilidad o expresiones insidiosas que vulneren la presunción de inocencia de Andrea Domínguez, en relación con la queja presentada ante la CEDH. ¡Sopas, perico! Una jueza federal tuvo que recordarle que la libertad de expresión no incluye la facultad de sustituir a los tribunales ni la investidura pública autoriza a desconocer la presunción de inocencia de las personas; y menos, si esa persona es una mujer que está acusando en solitario sus corruptelas, las de su hermano (Beto de la Peña) y, de pasadita, las del hermano de la gobernadora, Manuel Campos Galván; para que no quedaran dudas, la jueza se lo recordó por escrito, con firma electrónica, número de expediente y efectos jurídicos obligatorios.
La resolución es particularmente interesante porque recuerda que los funcionarios públicos de mayor jerarquía tienen obligaciones especiales cuando se pronuncian sobre asuntos relacionados con investigaciones penales; deben verificar razonablemente los hechos, evitar manifestaciones que comprometan derechos fundamentales y observar una prudencia proporcional a la autoridad que representan. Nada del otro mundo. Cosas elementales que cualquier estudiante de derecho debería conocer, pero Chago necesitó que una jueza federal le dedicara una resolución de treinta y tantas páginas para explicárselo.
Eso, aunque nuestro personaje no lo crea, tiene consecuencias jurídicas, porque una resolución judicial no es una recomendación de sus asesores de imagen, una sugerencia de relaciones públicas ni uno de esos discursos gubernamentales que pueden olvidarse apenas se apagan los micrófonos; las resoluciones judiciales se acatan.
Ahora bien, lo verdaderamente delicioso de esta historia consiste en observar la evolución del pensamiento jurídico de nuestro secretario a lo largo de apenas ocho meses: en marzo me explicaba, con aire doctoral, que los funcionarios públicos tenían la obligación de informar diariamente a la ciudadanía y tan convencido estaba de su teoría que consideró mi denuncia grave e irresponsable y todavía tuvo tiempo de pedirme un like; en junio, cuando aparecieron las bardas de «SantiaGO», descubrió que la propaganda podía estar dirigida incluso a Santiago Apóstol; y en noviembre, una jueza federal tuvo que explicarle que, aun cuando los funcionarios tienen derecho a informar, no tienen derecho a desconocer la presunción de inocencia de las personas. ¡Extraordinaria trayectoria intelectual!
En política, como en el boxeo, hablar demasiado puede significar bajar la guardia; y cuando eso sucede, no siempre hay un entrenador, o entrenadora, dispuesto a arrojar la toalla; así pues, hagamos la cuenta: ¡A la una!, el secretario que pretendía enseñarme derecho electoral mientras me pedía un like; ¡a las dos!, el político que, para explicar unas bardas, terminó postulando hipotéticamente a Santiago Apóstol y, ¡a las tres!, el funcionario al que una jueza federal tuvo que recordarle los límites constitucionales de sus declaraciones.
¡Toma, chago, tu banana! … y cuidado con la cáscara porque, en el cuadrilátero de la política, los golpes no siempre vienen de los adversarios; a veces, como en su caso, se los propina uno mismo, con el hocico.
Claro que Santiago lo puede ver desde el lado amable: por orden judicial, ya no podrá seguir diciendo babosadas o tendrá que pensárselo 1, 2 y hasta 3 veces.
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[1] Ver: Primera y última carta a Pinocho, columna publicada el 25 de marzo de 2026; visible en el sitio: https://www.omnia.com.mx/noticia/420454
[2] Nota publicada el 19 de junio de 2026, visible en el sitio: https://www.omnia.com.mx/noticia/431411